Medidas necesarias

Una de las noticias que últimamente más me han alegrado es la referente a la propuesta del Partido Popular, de presentar a la alcaldesa de Lizartza, Regina Otaola, como candidata a la presidencia de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que celebra su Asamblea este fin de semana.
Regina Otaola, para todo el PP y para España en su conjunto, es la viva imagen de una persona que, desde un Ayuntamiento pequeño, defiende los derechos y libertades de sus vecinos, habiéndose convertido en un ejemplo de resistencia contra los violentos, despertando por ello nuestra admiración y cariño. Además, habría que destacar lo conveniente de esta elección para que los municipios de menos habitantes se vean reflejados considerablemente en la FEMP, ya que el 80 por ciento de los municipios españoles tienen menos de dos mil habitantes.
La candidatura de Otaola debería ser la ganadora porque siempre, en la FEMP, y sin excepción, ha ostentado la presidencia aquel partido que ha ganado las elecciones municipales, y ese ha sido el Partido Popular, con 156.231 votos por encima del partido siguiente que fue el PSOE, el que tiene más alcaldes: 278 alcaldes más que el segundo, el que ha obtenido mayor número de mayorías absolutas: 552 mayorías absolutas más que el PSOE, y el que presenta un mayor número de alcaldes a la FEMP, 120 más que el PSOE.
No obstante no es suficiente, por lo que es de esperar que los socialistas pacten con quien sea para imponer a su candidato, el alcalde de Getafe, en contra del criterio que ha regido en todas las anteriores convocatorias de la Asamblea General, de la FEMP y ello supondrá una quiebra profunda del sistema democrático de la propia FEMP.
Con motivo de esta forma de actuar de los socialistas, desde el Partido Popular se empiezan a presentar algunas de las propuestas, en relación a los gobiernos locales, que se incluirán en el programa para las próximas elecciones.
Una de las más llamativas y a mi juicio necesaria, es la que se refiere a la propuesta de reforma de la Ley de Régimen Electoral General que establezca unos criterios nuevos para la elección de alcaldes, la cual, sometida al debate político del resto de fuerzas parlamentarias, tendría como objetivo garantizar y reconocer el derecho a que los ciudadanos puedan contar con un Gobierno municipal que responda a lo que ha sido el apoyo mayoritario de los electores en las elecciones municipales.
Es decir, cuando el grupo político más votado haya superado un determinado porcentaje de apoyo en las elecciones municipales, podría contar con una prima, con la mitad más uno de los concejales. Esta es una propuesta con la que se pretende dar respuesta al sentimiento de muchos ciudadanos, que se preguntan cómo es posible que un grupo político que cuenta con un respaldo muy elevado del conjunto de los electores, sin embargo no tenga la posibilidad de elegir a su alcalde y formar Gobierno.
En esta línea de propuestas, también se ha conocido que el PP propondrá aumentar la capacidad de interlocución institucional de la FEMP, es decir, que los gobiernos locales puedan tener una participación directa en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es en definitiva el órgano que se dedica a la supervisión del marco de financiación del conjunto de las administraciones territoriales.
También propondrá una revisión del actual modelo de financiación de los ayuntamientos y diputaciones. Concretamente se propondrá que se prime a aquellos que contribuyan con su política de suelo a mejorar la disponibilidad de vivienda y la capacidad de los ciudadanos de acceder a la compra de la misma; también a los que actúen de forma activa a la protección del medio ambiente; y los que colaboren a la lucha contra el cambio climático y que se esfuercen en la integración de la inmigración.
Igualmente, el PP también estudiará que los ayuntamientos puedan tener la posibilidad de participar en el crecimiento y la mejora de la recaudación de los impuestos estatales que se producen en el ámbito de sus términos municipales.