Se acabó la huelga de los funcionarios de justicia. Según los datos conocidos, el 58% de los trabajadores han respaldado en referéndum aceptar el preacuerdo al que se llegó el domingo pasado en la mesa de negociación.
Hasta para este final ha habido que lamentar el papelón de determinados sindicatos llamados de clase y que ya quisiera saber yo de que clase son. Me refiero concretamente al patético papel que ha tenido que jugar el sindicato oficial del gobierno socialista de Zapatero, La Unión General de Trabajadores, que con tantos años de histórica lucha, ha quedado a la altura del betún. Simplemente diré que ha traicionado a sus propios afiliados habiendo aceptado días antes desconvocar unilateralmente la huelga. Eso sí, para ello los dirigentes nacionales de este brazo sindical socialista puentearon a los legítimos representantes de su propio sindicato en el Ministerio de Justicia, los cuales habían dado la cara y sufrido las consecuencias del paro en sus propias carnes. Pero donde hay patrón no manda marinero.
Luego, como los funcionarios implicados se mostraron unidos y firmes en la continuidad del conflicto hasta conseguir sus reivindicaciones, el gobierno zapateril, representado por el impresentable Bermejo, ese que antes de negociar insulta, desacredita y descalifica a sus funcionarios, opta por seguir presionando bajo la premisa de divide y vencerás. Dicho y hecho. Convoca una nueva reunión y cita a la cúpula sindical de los que siguen en huelga.
Tras muchas, demasiadas horas de tiras y aflojas, se llega a un preacuerdo, en principio satisfactorio para las partes en conflicto, pero el ministro en funciones, ese que decía que había que luchar contra los hijos como ya hicieron contra los padres, pone como condición que se acepte sin más, es decir sin consultar nuevamente a los que han llevado el peso de la huelga, los funcionarios.
Las presiones no debieron ser mininas, desembocando en la aceptación del preacuerdo unilateralmente por parte de los dirigentes de CC.OO., otro de los sindicatos de clase, aunque no se sepa de que clase. También saltándose a sus representantes legítimos en el conflicto. El malestar estaba servido.
Los otros dos sindicatos, aunque no sean de clase, demostraron que tienen más clase que ellos. Tanto CSI-CSIF, como STAJ, aún entendiendo aceptable el preacuerdo, prefirieron que la decisión la tomaran los implicados en el paro, los funcionarios, a los cuales convocaron en referéndum. Celebrado este, el voto afirmativo a abandonar los paros y aceptar las condiciones preacordadas salió vencedor. Eso es democracia y respeto por los trabajadores, ese es la clase de sindicalismo que hay que defender y fomentar.
El otro sindicalismo, el de clase, ha demostrado que vive más pensando en defender los intereses de su cúpula directiva, plácida y generosamente liberada, convertida en una sociedad intervencionista, vertical y burócrata que para preservar sus privilegios son capaces de acordar, firmar, desconvocar o lo que haga falta, aunque sea a espaldas de sus propios afiliados.
Por eso, algunos representantes de las secciones sindicales de UGT y CC.OO. que se han visto traicionados por sus dirigentes, han optado por renunciar a su representación, algo que les honra y que, en los tiempos que corren, merece mi reconocimiento y aplauso.
En cuanto a si lo conseguido dista poco o mucho de lo reclamado, yo lo resumiría en que para este viaje no hacía falta tantas alforjas. Quiero decir que, para llegar a este acuerdo no hacía falta que el Ministerio de Justicia se resistiese tanto y alargase tanto el conflicto. Lo podía y debía haber finiquitado antes y haber evitado el daño que se ha producido, tanto a funcionarios como a usuarios. Pero eso sería esperar más de lo que Bermejo es capaz de dar.
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