Muchas palabras y pocos hechos.

El pasado miércoles se cumplió el segundo aniversario de la tan cacareada Ley de Dependencia, por lo que es un buen momento de hacer un somero análisis de la situación en que se encuentra ésta.
La primera conclusión a destacar sería la evidente falta de recursos necesarios para hacer realidad dicha ley, lo que hace que cada día que pasa sea más ineficaz y defraude las expectativas que en ella se depositaron.
Una de las causas que obstaculizan la aplicación de esta normativa viene dada por la obligación de que el gobierno tenga que firmar cada año un convenio con cada una de las comunidades autónomas para establecer las transferencias que deberá hacer para cubrir dicha Ley de Dependencia. Y teniendo en cuenta que a fecha de hoy, todavía no se ha firmado ningún convenio para el presente año que estamos a punto de finalizar, es fácil adivinar los problemas con que se encuentran las citadas comunidades autónomas para desarrollar las coberturas que suponen esta normativa.
Es más, conocido el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, hay que denunciar que el dinero destinado a gastos sociales se reduce un 17 por ciento respecto a 2008, destacando las partidas de Voluntariado Social, con más de un 90 por ciento menos de dinero, la partida de Atención a la Familia y Menores, con una reducción del 90 por ciento, los Programas de Servicio Sociales, que disminuyen casi un 50 por ciento, o las Ayudas a Ayuntamientos para Atención Social, con un 14 por ciento menos de dinero, lo que nos da una idea de las dificultades con que se van a continuar prestando determinados servicios sociales.
Ya en su momento lo denunció el partido mayoritario de la oposición. Acertadamente, los populares consideraron que era necesario y urgente que la Agencia de Evaluación realizara un informe sobre las dificultades actuales para aplicar la Ley de Dependencia, tras lo cual, habría que revisar los cálculos de gasto generados por esta ley, ya que por ejemplo, su memoria económica no contempla servicios y prestaciones para dependientes por causas psíquicas o mentales, ni tiene en cuenta a los niños menores de tres años, y tampoco contempla los programas y medidas de promoción de la autonomía personal.
En cuanto a las dificultades y retrasos para transferir el dinero del Estado a las Comunidades Autónomas, los populares proponen dar carácter automático a las mismas, a la vez que apuestan por derogar el sistema de convenios anuales, entendiendo que las necesidades de financiación son permanentes y las comunidades autónomas no pueden seguir anticipando el dinero necesario, como tampoco lo afectados pueden seguir esperando a que llegue el mismo.
Por supuesto que previamente y como principio, hay que revisar las cuentas presentadas para el próximo año, dando por hecho que son absolutamente insuficientes para cumplir el cometido de la Ley, y en todo caso, habría que denunciar y rechazar cualquier medida que suponga que el acceso a servicios y prestaciones implique un esfuerzo económico del usuario distinto, según cada comunidad autónoma.
A todo esto, tampoco hay que olvidar la necesaria coordinación de servicios sociales y sanitarios a todos los niveles, que debe convertirse en una prioridad fundamental para lograr una buena eficacia y optimizar los medios materiales y humanos de que se dispongan. En esta línea hay que invertir en programas de formación e información de los cuidadores profesionales y familiares que intervienen en esta ley, teniendo muy presente que ésta se aplica indistintamente en el medio rural o urbano, por lo que el esfuerzo debe abarcar ambos.
Va para dos años y prácticamente solo hemos oído palabras y más palabras, pero del dicho al hecho va mucho trecho, y este trecho no parece que esté dispuesto a recorrerlo realmente Zapatero. Está jugando con la esperanza de los más necesitados.