Empezó con un acta de una inspección tributaria y desembocó en la intervención judicial de Fórum y Afinsa. Sus consecuencias fueron muchas y muy graves, destacando el hecho excepcional de que dichas empresas no pudieran seguir desarrollando su actividad empresarial, provocando que sus trabajadores fueran al paro y sus clientes perdieran sus ahorros. Hablamos de 460.000 afectados, que habían invertido todos sus ahorros y que, a pesar de las declaraciones del Sr. Moraleda, no eran especuladores, sino, en su gran mayoría, de procedencia trabajadora y humilde.
El presunto fraude con estafa se producía por el hecho de que, tanto Fórum como Afinsa, estaban actuando como si desarrollaran actividades financieras, cuando eran actividades mercantiles, algo en lo que todavía el gobierno socialista se ha puesto de acuerdo. El Ministerio de Economía y Hacienda, considera que es una actividad financiera, mientras que el Ministerio de Sanidad considera que es una actividad mercantil. Demostrando su descoordinación, irresponsabilidad e insensatez para con los afectados. Mientras, 460.000 familias ven como no pueden recuperar sus ahorros. La única solución que Zapatero les ofrece es una línea de créditos ICO, que apenas cubre un mínimo de lo invertido, produciendo desasosiego y frustración, entre ellos, día a día.
¿Cuál es el origen del problema? Hasta la fecha, la única y mínima regulación existente en esta materia estaba contenida en la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobada en la pasada legislatura, demostrándose insuficiente, por lo que ha sido necesario complementar dicha regulación. Pero, intentar regular el sector de bienes tangibles sin tener voluntad de resolver el problema de 460.000 familias es un engaño masivo y una tomadura de pelo que hiere los sentimientos de los afectados.
Durante más de 25 años, los organismos reguladores, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España o el Ministerio de Economía y Hacienda, conociendo su existencia, no han dicho nada, por lo que existen responsabilidades políticas y, como tal, el Gobierno, sea cual sea su color, no puede llamarse a andanas. El hecho de que durante más de cinco lustros se haya permitido la existencia de entidades (no eran chiringuitos de feria) que garantizaban a los inversores intereses fuera de mercado y no se haya hecho nada por completar su regulación, significa que se ha incumplido la responsabilidad “in vigilando” por parte de las administraciones públicas y ésta se prolonga en distintas legislaturas.
Los ciudadanos nos votan para que les representemos y demos solución a sus problemas, no para creárselos, pero el gobierno de Zapatero, primero provoca el problema y luego, año y medio después, no ha dado ninguna solución, muy al contrario los ha maltratado, insultado y sobre todo engañado.
Hace pocos días, se aprobó en el Congreso de los Diputados, previo paso por el Senado, el Proyecto de Ley de Protección de los Consumidores en la contraprestación de bienes con oferta de restitución de precio. Conocida como Ley de Fóum y Afinsa. Y ¿que significa para a los afectados?, simplemente que 237.254 afectados percibirán entre 175 y 875 euros, y 124.807 afectados recibirán entre 2.000 y 2.600 euros, lo cual ha generado una sensación de engaño y frustración.
Hoy hay más sombras que luces en todo el trámite judicial que se sigue y que debería hacerse con mayor rapidez, para que todos aquellos que tienen que recuperar sus inversiones lo hagan cuanto antes, para ello, el Gobierno debería adoptar las medidas necesarias para agilizar esta cuestión, respetando la indiscutible independencia de poderes, pero despejando la sombras de lentitud que el trámite judicial está sembrando en estos momentos en la opinión pública y concretamente en los afectados.
La propuesta que ha defendido en todo este tiempo el Partido Popular ha sido la de crear un fondo que permitiera a los afectados recuperar su dinero y al Estado recuperarlo con el paso del tiempo, pero evitando el actual sufrimiento de todas estas familias, a lo que el Gobierno de Zapatero siempre se ha opuesto y ha votado en contra.
Por ser de justicia, a partir de marzo próximo, cuando el Partido Popular vuelva al gobierno de España, se llevaran a cabo todos los cambios y actuaciones normativas necesarias para resolver el problema de los afectados de Fórum Filatélico y Afinsa.
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