Las Instituciones solo les sirven si las controlan

La Constitución Española de 1978, en su artículo 54, crea la figura del Defensor del Pueblo para supervisar la actividad de la administración, bajo la fórmula de alto comisionado de las Cortes Generales. Además de esta supervisión y vigilancia de la administración, le marca claramente el objetivo de la defensa de las garantías y de las libertades y derechos fundamentales de los españoles.
Esta institución fue recogida por la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, no siendo hasta la aprobación de la Ley 36/1985, de 6 de noviembre, cuando se reguló las relaciones de ésta con las existentes a nivel autonómico en algunas comunidades.
Por su parte, en nuestra comunidad, la institución del Defensor del Pueblo de Castilla La Mancha se aprobó por la Ley 16/2001, de 20 de diciembre, siendo publicada en el Diario Oficial de Castilla La Mancha numero 136, de 28 de diciembre.
Así pues, a pesar de años de retraso, nuestra comunidad logró instaurar esta figura a nivel regional, fijándole tres objetivos iniciales: abrir nuevas vías que hagan que la administración pública funcione con más transparencia y eficacia; defender el cumplimiento de nuestro estatuto de autonomía; y la protección de los derechos de las personas, especialmente de los más débiles y desvalidos.
Si se repasa la citada Ley 16/2001, veremos que los motivos que llevaron entonces a la creación de esta Institución, eran el desarrollo del Estado de las Autonomías, la complejidad del mismo, y el consiguiente incremento de las actividades administrativas de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, lo que provocaba la necesidad a los castellano manchegos de que alguien velase por los intereses de los ciudadanos frente a la administración.
Una vez aprobada la Ley que creaba la figura del Defensor del Pueblo de Castilla La Mancha, tuvimos que esperar hasta marzo del año siguiente a que se eligiera la persona que ostentaría dicho cargo, elección que recayó por consenso en María Henar Merino Senovilla, nacida en Valladolid, Doctora en Derecho y magistrada del Juzgado de lo Social numero 2 de Toledo.
Sus primeros pasos fueron visitar la región y dar a conocer la Institución. A la vez tuvo que ir conformando un equipo que le ayudara y diera cobertura en esa apasionante aventura en la que se había embarcado. Teniendo la fortuna de que se decidiera que Albacete fuera la sede permanente de esta Institución, fijándola en la conocida Casa Perona, construida en 1920, la cual fue recuperada, rehabilitada y adaptada para dicho cometido administrativo.
El nombramiento se hace por cinco años, tras lo cual podrá ser sustituido o renovado por otro periodo igual, con lo cual, el primer mandato está cercano a su finalización, lo que unido a la buena labor desarrollada por Henar Merino, que le ha granjeado las antipatías de los responsables socialistas de nuestra Comunidad, ha hecho que ésta haya optado por un discreto regreso a su labor como magistrada. En el ambiente se dice que la han invitado a marcharse y yo me lo creo.
Y ahora surge el problema de buscar un sustituto, que ejerza las funciones que le encomienda la Ley 16/2001 con absoluta independencia y objetividad. Sin encomendarse a nadie, sin consultar, sin preguntar, la respuesta la dictan los “demócratas” socialistas del Sr. Barreda. No se ha ido la anterior y ya tienen un nuevo Defensor del Pueblo en Castilla La Mancha, el recientemente derrotado Alcalde de Cuenca, D. José Manuel Martínez Cenzano.
Por arte de bili birloque, pasa de ser un político socialista con más de veinticinco años de ejercicio, a ser una persona suficientemente preparada, ecuánime, imparcial, independiente, y si aprietan un poquito más, hasta apolítica. Del PSOE pero apolítico.
Incluso se anuncia como una decisión irrenunciable que el citado Sr. Martínez Cenzano, que ha sido Presidente de las Cortes de Castilla La Mancha, Alcalde de Cuenca en tres corporaciones consecutivas y actual concejal de la oposición, va a ser el próximo Defensor del Pueblo de Castilla La Mancha.
Está claro que después de elegir a una persona como Henar Merino, que ha sabido estar y dar prestigio a la institución, defendiendo e imponiendo su independencia y autonomía contra las ingerencias de la administración regional, los socialistas no quieren tener otra experiencia parecida, por lo que llegan al esperpento de proponer un nombre a espaldas del otro partido que tiene algo que decir, el Partido Popular.
Me refiero a que, independientemente de las votaciones para llevar una propuesta al Pleno de las Cortes Regionales, la designación deberá contar con el apoyo de al menos tres quintas partes de los miembros de las Cortes Regionales. Si no se obtuviese dicho respaldo se podrán realizar nuevas propuestas, y solo si se realizasen tres votaciones sin que nadie obtenga el mencionado respaldo o transcurriesen dos meses desde la primera, se podrá elegir por mayoría simple.
Hasta el grupo político de IU a nivel regional o la formación Tierra Comunera se han pronunciado en contra de dicha propuesta. Y mira que es difícil poner de acuerdo a formaciones tan distintas al Partido Popular.
El talante ya lo han exhibido con la propuesta cerrada que han hecho, pero si además forzasen a las Cortes Regionales a realizar las tres votaciones referidas para, en una cuarta, conseguir la elección del Defensor del Pueblo por mayoría simple, la institución del Defensor del Pueblo de Castilla La Mancha quedaría herida de muerte.
Al final lo de siempre, las instituciones solo les sirven si las controlan.