La pasada semana participé en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, donde tuvimos que debatir y votar el texto de la conocida como Ley de la Memoria Histórica, y como primera conclusión he de decir que me pareció patético que setenta años después se propicie una Ley que pretende reabrir heridas, desenterrar muertos y promover el rencor, la división y el enfrentamiento entre hermanos.
En 1.978 la mayoría de los españoles votaron, por fin, un texto constitucional cuyo espíritu se basaba en la reconciliación, en el consenso y en la concordia, y gracias al cual hemos realizado una ejemplar transición hacia la democracia desde un régimen dictatorial, por eso sorprende y duele que algunos se empeñen en acabar con ese espíritu y posiblemente con las bases que sustentaron aquel histórico pacto
Desde luego no es asumible que hoy, después de tantos años de caminar juntos, algunos irresponsables guiados por el odio y el rencor quieran volver a poner de actualidad el enfrentamiento entre españoles. Debería darles vergüenza traicionar a los que sí que habían participado en esa época y sin embargo comprendieron que solo mirando hacia delante se podían restañar las heridas.
Como Marcelino Camacho, sindicalista y comunista que, durante el debate de la Ley de Amnistía de 1.977, decía: “¿Cómo podríamos reconciliarnos los que nos estábamos matando los unos a los otros si no borrábamos ese pasado de una vez para siempre?” y seguía diciendo “queremos abrir la vía a la paz y a la libertad, queremos cerrar una etapa, queremos abrir otra, nosotros precisamente, los comunistas, que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado a nuestros muertos y nuestros rencores. Nosotros estamos resueltos a marchar hacia delante en la vía de la libertad, en esa vía de la paz y del progreso que hoy se abre”.
Lo que hacía Marcelino Camacho era ser coherente con el manifiesto-declaración que, en junio de 1.956, había hecho el Partido Comunista de España por la reconciliación nacional, por una solución democrática y pacífica del problema español, y que decía “crece en España una nueva generación que no vivió la guerra civil, que no comparte los odios y las pasiones de quienes en ella participamos y no podemos, sin incurrir en tremenda irresponsabilidad ante España y ante la historia, hacer pesar sobre esta generación, la del 56, las consecuencias de hechos en los que no tomó parte”.
Si uno compara esas palabras, esas ideas, con lo que sus herederos están haciendo estos días, simplemente se sorprenderá. Los que vivieron la guerra estaban por perdonar, por enterrar a los muertos, por rechazar el rencor, mientras que los que no la sufrieron vuelven a intentar que las heridas se reabran y sangren.
Otro ejemplo del hoy digo, mañana Diego: El 12 de abril de 1.994, en el Congreso de los Diputados, el Grupo Socialista se opuso a una proposición de ley del Grupo Mixto sobre devolución de patrimonios incautados durante la guerra civil. Esta posición contraria la defendió Jesús Caldera, ¿les suena?, el cual entonces argumentaba que “no existe tal necesidad de reparación en la sociedad española porque la verdadera reparación de las heridas de la guerra civil fue la recuperación de las libertades y el establecimiento de un Estado social y democrático de Derecho”. Hoy todo lo contrario
Es más, en la legislatura pasada, el Partido Popular tenía 183 diputados, mayoría absoluta, pero no se le ocurrió condenar todos los golpes de estado que se han dado en España, por ejemplo el de Companys de 1.934. Tampoco se le ocurrió condenar el asesinato el 13 de julio del 1.936, de Calvo-Sotelo jefe de la oposición parlamentaria, a vilmente ejecutado por guardias de asalto de la república antes de la sublevación militar. Y no lo hizo por responsabilidad, porque teniendo votos más que suficientes para hacerlo, entendía que ello supondría atacar los cimientos sobre los que se construyó la convivencia española desde que se aprobó la Constitución de 1.978, un texto que pretendía no utilizar ese pasado de tal manera que se convirtiera en arma arrojadiza de unos contra otros. No podíamos volver a repetirlo y la mejor manera de hacerlo era reconciliándonos, asumiendo que todos éramos responsables de esa tragedia colectiva que fue la guerra civil española.
Por eso, el 20 de noviembre de 2.002, la Comisión Constitucional del Congreso teniendo mayoría absoluta el Partido Popular, aprobó por unanimidad una declaración institucional que venía a ser una especie de punto final a determinados planteamientos que iban en contra del pacto constitucional, en contra del espíritu de la transición. Este es un ejemplo de responsabilidad. Pudiendo imponer, el Partido Popular, prefirió el diálogo, el consenso, el compromiso de todos. Ahora, hoy, los socialistas de Zapatero prefieren sacar adelante una revisión de una memoria histórica parcial e imaginaria que imponen a casi la mitad de los españoles que representa el Partido Popular.
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