Hace muchos años, el Ayuntamiento de Albacete cedió al Ministerio de Defensa unos terrenos para su uso militar. Una parte se utilizó como cocheras y estaban situadas entre la circunvalación y el final de la calle Rorario, perdiendo con el tiempo su utilidad militar, por lo que el cedente, el Ayuntamiento, solicitó su reversión.
Comenzó una disputa sobre si había que ponerle o no precio a dicha reversión, defendiendo los socialistas inicialmente que de ninguna manera, creo que con toda razón. Pero esa postura cambió “casualmente” en cuanto cambió el color del gobierno con el que había que negociar la recuperación de los mencionados terrenos. Con los socialistas en el poder, el Sr. Pérez Castell si estuvo dispuesto a pagar por algo que era nuestro, negociándose y firmándose un convenio con el Ministerio de Defensa, donde se fijaba el precio total a pagar para transmitir la propiedad de estos terrenos al consistorio de Albacete.
En dicho texto convenido y firmado, en su página 10, estipulación TERCERA, se especifica que la transmisión de los terrenos en cuestión lo serán previa compensación económica de 1.505.507,70 € al INVIFAS y de 78.486,15 € a la GIED. Igualmente en la ESTIPULACIÓN TERCERA, párrafo 2º que dice textualmente que “Dicha compensación se considera precio cierto a todos los efectos y comprende todo tipo de tributos y gastos que pudiera conllevar la presente transmisión”. Por lo que debería entenderse que el precio cerrado de 1.583.993,85 € es con IVA y gastos de transmisión incluidos.
Lamentablemente, el Sr. Pérez Castell y su grupo hicieron oídos sordos a nuestras advertencias y decidieron pagar dicha cantidad añadiéndole el IVA y los gastos de transmisión resultantes, tras lo cual modificaron el convenio inicial para legalizar o intentarlo al menos, dicho incremento. Estos hechos fueron recurridos por el anterior grupo municipal popular, obteniendo una sentencia favorable por vulneración de derechos fundamentales y estando pendiente de resolución en los Tribunales otro recurso planteado.
Pero también se recurrió la forma de financiar dicha adquisición, que no era otra que acudir a un préstamo con una entidad financiera, sin ninguna publicidad ni concurrencia, por un importe de 1.850.000 €.
En este caso, recientemente, también hemos conocido sentencia estimatoria del recurso contencioso-administrativo interpuesto por Mª Llanos Navarro, Portavoz del grupo popular, declarando la nulidad de los acuerdos y ordenando la retroacción del expediente a la celebración del Pleno del día 23 de junio de 2005. Es decir se retrotrae el expediente y declara la nulidad de toda la tramitación del préstamo firmado con CCM para financiar la adquisición de los terrenos.
En definitiva, este es un paso más para conseguir lo que nos fijamos como objetivo en su día. Que el exceso de más de 300.000 € que graciosamente decidió pagar de nuestros bolsillos el Sr. Pérez Castell para congraciarse con Paco Pardo, flamante Presidente de las Cortes Regionales, lo tenga que pagar de su bolsillo.
Con todo, terminar destacando que, según el informe presentado en su día para la construcción de las viviendas previstas, los ingresos que se obtendrán por la venta de viviendas, garajes y locales, ascenderán a más de 11 millones de euros, mientras que los costes de construcción, terrenos y gestión, estarán cerca de los 10 millones de euros, por lo que URVIAL obtendrá un beneficio superior al millón de euros a costa de los adjudicatarios de las viviendas.
Sin olvidar que la construcción la lleva a cabo una empresa privada, mediante adjudicación por concurso, con lo que además hay que sumarle el beneficio de la propia constructora. Es decir, la promoción planteada saldrá por más de un 20% por encima del precio real. Es decir los compradores pagarán casi un 20% más del precio de coste de construcción de sus viviendas.
Por eso no es de extrañar que luego no quieran admitir que alguien construya por mucho menos.
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