Violencia de género

La Ley integral contra la violencia de género, apuesta personal de Zapatero, que se anunció como la solución a este drama, solo ha conseguido defraudar las expectativas generadas, resultando que las muertes crecen y las denuncias se ralentizan.
En 2002, por cada mil mujeres, solo 2,66 denunciaba, mientras que a finales de 2006, lo hicieron 4,29, casi el doble. A pesar de ello, el 70% de las mujeres asesinadas no habían denunciado y el 77% de mujeres maltratadas tampoco. Es más, hay 100.000 órdenes de protección en marcha, que apenas cubre el 60% de las denuncias realizadas.
Algo había que hacer y desde el Partido Popular presentamos recientemente al Parlamento, un paquete de catorce medidas concretas que fueron rechazadas de plano por Zapatero y sus socios nacional-separatistas. Todo está bien. Todo funciona.
Pretendíamos incidir en los aspectos que mas nos preocupan. Como el de los medios de comunicación y la necesidad de mejorar la información, acabando con el morbo en las noticias, centrándonos en el rechazo social del agresor y las consecuencias de sus actos, mostrando a las mujeres la salida del infierno y explicándoles los instrumentos y medidas a su disposición. Es necesario garantizar la especialización y formación de los profesionales de los medios que se dedican a la violencia de género.
Además, si una de cada tres mujeres asesinadas es extranjera, a pesar de que la Ley reconoce la especial vulnerabilidad de estas mujeres, garantizando su acceso a los recursos previstos, aún continúan teniendo dificultades en la búsqueda de asistencia, protección y justicia, como refleja el último informe de Amnistía Internacional, siendo necesario realizar una política específica dirigida a los y a las inmigrantes.
Solo con independencia económica es posible la recuperación de las mujeres víctimas de la violencia de género, por eso, el anterior gobierno aprobó la renta activa de inserción, pero para completarla, proponíamos la concesión de préstamos a interés cero a las víctimas, así como que se garantice que las mujeres maltratadas puedan encontrar un puesto de trabajo digno. También se proponía aumentar el número de juzgados de violencia, que hoy siguen siendo insuficientes y no cubren las necesidades encomendadas. Y al igual que la presidenta del Observatorio del CGPJ en la Comisión Mixta, defendemos la desaparición de los juzgados compatibles, saturados y que son una fuente de problemas. Es más, pedíamos que los nuevos juzgados debieran contar con la dotación necesaria, al comprobar que la insuficiencia de ellas están produciendo una mala aplicación de buenos instrumentos como son las órdenes de alejamiento y de protección. Es inadmisible que las sentencias no lleguen a los condenados adecuadamente, que esto ocasione retrasos en la aplicación de las órdenes de alejamiento, que estas órdenes no supongan la puesta en marcha de mecanismos electrónicos de protección -anunciados hace años por Zapatero pero que no llegan- a las víctimas y de vigilancia y seguimiento a los agresores.
No se puede seguir consintiendo que un alto porcentaje de mujeres que son asesinadas cada año hubieran denunciado y contaran con una orden de protección o alejamiento, por lo que proponíamos establecer un plan de seguridad personalizado y adecuado a las necesidades de las víctimas.
Pedíamos la eliminación de la instrucción sobre valoración policial del riesgo, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por no ser eficaz en su desarrollo, provocar inseguridad jurídica a víctimas y funcionarios, ser rechazada por los propios funcionarios policiales -se niegan a llevarla acabo ante la falta de medios personales y de formación adecuada- e incluso por los jueces, que no la consideran adecuada.
No debemos permitir que una mujer que ha pedido ayuda, que ha denunciado, que ha obtenido una orden de alejamiento, termine siendo malherida o, peor aún, siendo asesinada. Hay que acabar con los múltiples incumplimientos de las ordenes de alejamiento, y para ello, proponíamos modificar el Código Penal a fin de duplicar las sanciones que lleva aparejadas y disuadir al agresor, que debe asumir que podrá ir a la cárcel si se salta una orden de alejamiento.
Al mismo tiempo pedimos modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para mejorar tanto la protección de los hijos como de los padres de las víctimas, porque, sobre todo los hijos, los menores, están siendo víctimas muy directas de esta violencia. Igualmente defendíamos la necesidad de dar ejemplo y no permitir que un condenado por violencia de género se siente en las instituciones.
Zapatero se opuso. Prefiere gastar veinte veces más en autobombo y publicidad que en resolver el grave problema de la violencia de género.