Inmigración legal si, ilegal no.

Conforme avanza la crisis somos más los que estamos convencidos de que hay que seguir avanzando en el tema de la inmigración. Por eso, independientemente de si se está a favor o en contra de lo propuesto, hay que recibir con optimismo la iniciativa de los populares para modificar varios artículos de la actual Ley de Extranjería.
Es bueno abrir un debate sobre lo que hay que hacer, y a mi juicio, uno de los objetivos que debería marcarse esa modificación es asegurar que nunca jamás volverá a darse un caso de regularización masiva de inmigrantes, como ocurrió en el año 2005, cuando el gobierno de Zapatero regularizó a casi seiscientos mil inmigrantes.
Ahora mismo, aunque no se hace de una tacada, sí se está haciendo con cierta ligereza, como demuestra el hecho de que en los tres últimos meses, mientras el paro se dispara, el Ministerio de Trabajo e Inmigración ha concedido más de trescientas treinta mil tarjetas de residencia, mientras que el pasado año fueron casi un millón.
Igualmente, hay que intentar modernizar y adaptar las tres vías de regularización encubierta que hay actualmente -la reagrupación familiar, el arraigo y la contratación en origen- a los momentos que vivimos, por lo que sería conveniente que las modificaciones propuestas incidiesen en ello.
Evidentemente esta iniciativa no puede suponer en ningún caso un retroceso en la mejora y protección de los derechos de los extranjeros que están legalmente en nuestro país o que quieren venir de forma legal, a través de la ordenación de los flujos migratorios y la ampliación de los derechos civiles de los extranjeros.
Pero si hay que aumentar y mejorar las medidas para combatir la inmigración ilegal, para lo que hay que reforzar los mecanismos de expulsión actuales, como medida disuasoria para las mafias y los inmigrantes que llegan en cayucos, de los cuales, actualmente apenas se expulsa al veinte por ciento.
Aunque no faltará quien ponga el gripo en el cielo, la mencionada propuesta popular lo que pretende es adaptar nuestra legislación a lo establecido en el Pacto Europeo de la Inmigración, y por tanto, que se plasme en el contrato de integración de inmigrantes. No se inventa nada nuevo, solo lo que otros países están haciendo.
Paralelamente hay que decir que nadie pone en duda que los extranjeros tienen que tener los mismos derechos que los españoles, pero también las mismas obligaciones. Para ello hay que apostar por la mejor política de integración, que no es otra que la del empleo, y ante la situación de crisis económica actual, es necesario revisar las fórmulas contractuales de los inmigrantes, defendiendo a los que llegan legalmente y obstaculizando la permanencia de los que lo hacen ilegalmente.En todo caso, algo hay que hacer, porque la cosa cada día está peor.