Castilla La Mancha tiene una superficie de viña cuyo peso en la Unión Europea no se corresponde, por lo que cualquier cuestión relacionada con el vino nos afecta en demasía, así, cuando hace poco que ha acabado la campaña de la vendimia, la incertidumbre generada por la aplicación de la nueva OCM del vino que entró en vigor en agosto pasado, preocupa y mucho a nuestros viticultores.
Que no se conozca como se va a aplicar, no se haya decidido el reparto del presupuesto correspondiente a las diferentes medidas que se incluyen, ni la cantidad real que corresponderá a nuestra comunidad, supone un gran perjuicio e inquietud para nuestros viticultores, evidenciando la dejación con que están actuando para con ellos, tanto el gobierno de Zapatero como el de Barreda.
El tiempo corre y está dando la razón a la oposición popular cuando anunciaba que esta OCM era una mala negociación, prueba de ello es que se calcula que el dinero que puede suponer para España este primer año, rondará los 213 millones de euros, mientras que sólo para Castilla-La Mancha, el año anterior se recibió 250 millones de euros.
Si eso se confirma, y que nadie dude de que por ese camino vamos, los responsables socialistas que se felicitaban públicamente de haber logrado una buena negociación, quedarán en evidencia, pero eso no evitará que nuestros viticultores sufran las consecuencias de su insensatez.
La primera consecuencia de esa mala negociación es que nuestros viticultores, que ya han terminado de vendimiar, se sienten indefensos, pues aún desconocen el precio de la uva y en todo caso, los que se barajan son muy inferiores a los del pasado año.
Barreda no sabe que hacer, improvisa hasta pretender aprobar de correprisas algunas medidas para esta OCM del vino, obviando que el Real Decreto que tiene que regular su aplicación está todavía pendiente, lo que está produciendo una paralización cuyas consecuencias pueden ser irreparables. ¿Alguien se imagina que pasaría si Barreda aprueba algo que luego contradice el Real Decreto pendiente de publicar?
Sí hay que valorar el acuerdo sobre la destilación de alcohol de uso de boca, firmado entre las cooperativas, la industria y la consejería, pero hay que denunciar que una cosa es el acuerdo y su firma, y otra muy distinta llevarlo a la práctica, responsabilidad que recae directamente en el gobierno de Barreda, que deberá aclarar si cuenta con el respaldo del Ministerio correspondiente, ya que, una de las consecuencias del citado acuerdo es incrementar el presupuesto para este fin en unos 40 millones de euros aproximadamente, y tendrán que explicar de done lo detraerán, ¿de la Promoción de los vinos, de las Prestaciones vínicas, de la Reestructuración o de dónde?
También es necesario que Barreda explique que va a hacer para que los viticultores que han reestructurado sus viñas en 2005 y 2006, o los que en dichos años perdieron toda o parte de su cosecha por heladas o granizadas, puedan percibir la ayuda de Pago Único acoplada a la destilación.
Teniendo en cuenta que Castilla La Mancha tiene aproximadamente el 60% de superficie de vid de España, Barreda tiene que defender que ese porcentaje se refleje en el dinero que va a recibir nuestra comunidad cada año con esta nueva OCM del vino, aunque, como ya he dicho anteriormente, sea absolutamente insuficiente comparado con lo que veníamos recibiendo estos años atrás.
La política agraria es competencia de las comunidades autónomas y en una región como Castilla La Mancha, donde la vid es un elemento dinamizador fundamental de nuestra economía, Barreda no puede hacer dejación de su responsabilidad, por lo que es urgente que aclare como se va a aplicar la nueva OCM del vino, exigiendo y denunciando, como debería de haber hecho antes, a Zapatero por su pasividad en la publicación del Real Decreto que regule su aplicación, y que está provocando el desconcierto y la indefensión de nuestros viticultores.
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