El Ministro Rubalcaba nos tiene acostumbrados al verbo fácil y a la mentira recurrente. Su trayectoria habla por sí sola. Y es preferible no remontarse a ella por que faltaría papel donde escribir sus “hazañas” en cuestión antiterrorista.
La última ha sido ante la denuncia pública realizada por la oposición popular sobre la utilización del Sitel, sistema informático gestionado por el Ministerio del Interior, que permite la interceptación de las comunicaciones. Este sistema es como un Gran Hermano de Rubalcaba, es decir le permite identificar, localizar y escuchar las conversaciones telefónicas de cualquiera, espiar los correos electrónicos o los SMS, localizar e identificar a terceras personas que no tengan nada que ver con la escucha que se esté realizando, conocer los accesos a Internet y la información generada por ello, y todo sin la autorización previa de autoridad judicial alguna.
La información recabada se archiva y almacena sin saberse los criterios utilizados, o quién la custodia, permitiéndose la remisión de grabaciones sin firma a los tribunales, lo cual no garantiza que éstas no hayan sido previamente manipuladas.
Es cierto que este sistema se planteó a finales de 2001, con gobierno de Aznar, y también es cierto que ante los informes recibidos sobre importantes deficiencias en su cobertura legal, nunca fue puesto en funcionamiento. Hasta que accedió al poder Zparo y sus muchachos, los cuales, en diciembre de 2004, siendo titular de Interior el ahora portavoz socialista José Antonio Alonso, decidió ponerlo en marcha. Con ello, los socialistas de Zparo sustituyeron la Ley Corcuera, la de la patada en la puerta, por este sistema, con el cual se obliga a la policía a espiar a los españoles ilegalmente.
Este sistema ideado por el gobierno de Aznar para combatir el terrorismo, nunca lo fue para espiar a los españoles, por eso, ante las dudas legales de su implantación, no se puso en marcha. Pero para los socialistas esto no es un problema. Ellos son la razón y la Ley, y pueden hacer lo que quieran, aunque sea sin respaldo judicial, hasta el punto de que un Teniente Fiscal de Madrid, en 2006, se atrevió a cuestionar la legalidad de este sistema, pero la respuesta que obtuvo del Fiscal General del Gobierno, perdón del Estado, fue, como en tantos otros casos, la callada por respuesta.
Para colmo, Rubalcaba, buscando excusas vuelve a mentir cuando dice que el uso del Sitel está regulado legalmente, aún a sabiendas que nuestra Constitución exige que los derechos fundamentales, como son el de la privacidad de nuestras comunicaciones sea regulado por una Ley Orgánica, que actualmente no existe, y que es lo que ha solicitado estos días formalmente el grupo popular en el Parlamento.
Tengamos cuidado con lo que hablamos, escribimos o por donde nos movemos en internet, que Rubalcaba nos vigila y, cortado y pegado, nos puede meter en un lío.
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