Siempre he dicho que los chorizos no tienen color político, por eso todos los partidos sin excepción deberían luchar contra ellos, independientemente si son suyos o del contrario. Pero claro, eso solo es teoría. Luego llegado el momento, cada uno actúa con arreglo a sus intereses electorales dejando al margen la justicia.
Con tantos casos de corrupción vivos en España, hay que extraer algunas conclusiones. La primera es que cuando gobiernan los socialistas, es decir tocan poder, estos casos aumentan cualitativamente, aunque igual es una casualidad. La segunda, menos casual, es la distinta vara de medir del ministerio fiscal. Los casos de choriceo socialista son tratados con la máxima discreción posible e incluso manteniéndose éste al margen, mientras que los casos de la oposición son públicos e incluso televisados, incluyendo filtración de informes confidenciales interesados y parciales. En éstos últimos, la fiscalía juega un papel determinante en la acusación y linchamiento público.
Hasta la fecha, la inmensa mayoría de responsables políticos juzgados y condenados por chorizos son del mismo partido, eso lo sabe todo el mundo y no hay que recordar casos como Filesa, Malesa, Time Sport, Boletín Oficial, Dirección General de la Guardia Civil o los Gal, pero todo ello sucedió con la anterior etapa de gobiernos socialistas de Felipe González, aunque muchos parecen haberlo olvidado ya, como hasta él mismo ha reconocido públicamente.
Ahora empezamos a enterarnos de las hazañas realizadas bajo la nueva etapa socialista de Zparo, y que van desde la compra de votos en Melilla, comisiones en Ibiza, caso Extraco, Matsa, Astapa, Mercasevilla, Operación Poniente, etc., al reparto de EREs fraudulentos. Sin olvidar el Faisán, colmo de la desvergüenza, avisar a los terroristas para que escapen antes de que les detengan, eso solo lo hace quien negocia con ellos el precio político a pagar para que dejen de matar. ¡¡Y a sus víctimas que les den!!
En Melilla, los socialistas y sus socios locales ya tienen más de 30 dirigentes imputados por comprar votos en las pasadas elecciones generales. Por eso no es de extrañar que, solo en voto por correo, de 2.900 electores en las autonómicas de 2007, se pasara a 5.111 en las citadas generales. Incluso hay testigos de este escandaloso caso que declaran que Pepiño conocía, lo que se estaba haciendo.
Lo de Andalucía es incomparable a cualquier otro caso que haya actualmente en nuestra piel de toro. El fraude supera los 700 millones de euros, con varias decenas de imputados y cientos de beneficiados, muchos de ellos altos cargos del partido. A pesar de ello, los socialistas no se avergüenzan de sus tropelías, al contrario se muestran dignos y orgullosos. Eso sí, la fiscalía sigue mirando para otro lado.Verán como al final la culpa es de la oposición.
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