Todos estamos cabreados. Y no es para menos.
A nadie le gustan las medidas que está tomando Mariano Rajoy.
Ni siquiera a él, pero tal y como le dejaron el patio no hay otro remedio.
Y ahora él, que apenas lleva ocho meses que no dan ni para enterarse de qué va esto, tiene que arreglar la ruina que se ha encontrado.
Aunque en tan poco tiempo ha hecho más reformas que su antecesor en siete años, y pronto veremos los resultados.
Aunque el meollo del problema apenas se ha tocado.
Hablo de la reforma a fondo de las administraciones autonómicas, provinciales y municipales, cuyo mantenimiento es insoportable para nuestros bolsillos, y en tiempos de crisis aún más.
Empezando porque dos tercios del gasto público español, corresponden a dichas comunidades, diputaciones y ayuntamientos.
Muchas de las cuales están en bancarrota y no tienen ni para pagar las nóminas.
Y es en este punto cuando acuden a papá estado para que les saque las castañas del fuego.
Aquí es donde Rajoy se tiene que poner en su sitio. Atarlos corto, ponerles condiciones y exigirles compromisos serios.
Más o menos lo que está haciendo con nosotros la Unión Europea.
Nos ayudan, pero marcándonos un camino del que no podemos salirnos.
Nos pongamos como nos pongamos, este modelo es inviable y caduco, pues mantener 17 regiones con estructuras que ya quisieran muchos estados, con todos sus organismos multiplicados por 17, con más de 200 embajadas, 50 canales de TV, 30.000 coches oficiales, y 4.000 empresas públicas, ya no lo soportan nuestras arcas públicas.
Rajoy se está dedicando a poner en orden las cuentas públicas del Estado, pero también tiene que meter en vereda al resto de administraciones que, acostumbradas a gastar y malgastar han creado un clientelismo que no saben cómo cortar.
Aunque es justo reconocer que Cospedal, pese a los sinsabores e incomprensiones de muchos, sí está haciendo sus deberes, como demuestra el hecho de que, de ser la región que mayor déficit acumulaba, hemos pasado a ser la primera que cumple el objetivo fijado, además de ser la única que ha cumplido con el compromiso de cerrar más del 80% de las empresas públicas autonómicas que había.
A otros habrá que obligarlos y en eso confío.
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